Rodrigo Cabedo

economista, advocat i membre de la Comissió de Mercantil Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Rodrigo Cabedo

economista, advocat i membre de la Comissió de Mercantil Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Biography

Ocupació actual: Miembro del Consejo Directivo del REFOR del Consejo General de Economistas.

Desarrolla su actividad profesional como Economista-Auditor y Administrador Concursal.

Formació: MBA por la UPC y la UCJC de Madrid, Abogado y Economista, Auditor (ROAC 17017)

Reguladas en los artículos 238  y 241 de la ley de sociedades de capital (LSC), en el primer caso el art. 238 de la LSC se centra en el daño y perjuicio ocasionado por los administradores sociales a la propia empresa (ACCION SOCIAL), mientras que en el segundo caso, el art. 241 de la LSC se refiere al daño y perjuicio causado directamente a los socios y a  los terceros (ACCION INDIVIDUAL).

El economista es una pieza clave en el análisis de las diferentes fuentes de prueba que permitan concretar los hechos producidos, y sus informes periciales pueden resultar sumamente útiles para al Juzgador a fin determinar si se cumplen o no los presupuestos necesarios para que prospere al acción social ejercitada según la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia. En concreto:

  1. La descripción de hechos tendentes a conocer conductas de acción u omisión.
  2. La causalidad no sólo la material sino la jurídica cuando esta origina responsabilidad. Relación de causalidad, que podrá probarse, en materia civil, por presunciones judiciales (art  386 de la Lec).
  3. El ejercicio efectivo del cargo, alcanzando a los administradores de hecho.
  4. La ilegalidad, por acuerdos contrarios a la ley y a los estatutos sociales o la falta de la diligencia debida en el desempeño del cargo de Administrador.
  5. La determinación y cuantificación del daño efectivo causado por la acción u omisión.

En ese contexto, resultará de gran interés comentar entre otros temas:

  • La función del economista como pieza fundamental para el conocimiento de los hechos.
  • La necesidad del informe o memoria económica del economista, para la determinación o no de la culpabilidad, dada la inversión de la carga de la prueba,  y el citado informe como medio  de prueba.
  • La legitimación activa, tanto de la Sociedad como de los socios y acreedores  (arts. 239 y 240 LSC), para la condena al Administrador Social demandado a reintegrar el perjuicio causado.
  • El análisis y diferenciación de la acción social y la individual, y la de responsabilidad por deudas del art 367 de LSC.
  • La casuística y problemática sobre la prescripción de las acciones. Para ello y para centrar los diferentes aspectos controvertidos, se difundirá la Sentencia de 28 de enero de 2014 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón y la STS del 4 de diciembre del 2008 entre otras.
  • El derecho de información que asiste a los socios, en especial en lo que se refiere  a la totalidad de las retribuciones o prebendas con alcance económico que perciben los administradores  sea cual sea su naturaleza.
  • La importancia de la información que figure en la memoria, las consecuencias de las omisiones o imprecisiones de esta.

El interés de esta sesión de trabajo es múltiple, me atrevería a decir que imprescindible para aquellos economistas que formen parte de los órganos de administración de entidades mercantiles,  tanto para la “gobernanza empresarial sana”, para delimitar responsabilidades,  como para determinarlas a terceros. Para aquellos que presten sus servicios de asesoramiento  económico y legal. E imprescindible para aquellos que ejercen como economistas forenses, (peritos judiciales).

Para ello contaremos con un ponente excepcional, Juan Manuel de Castro Aragonés, que fue Magistrado Juez del Mercantil número 10 de Barcelona, previo paso en una conocida auditora, y hoy socio procesal de RCD.

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